Ataques a la libertad de expresión

Foto: Caraota Digital

Andrés Raúl Páez

Consultor Jurídico CNP

Los artículos 57 y 58 de la Carta Magna amparan cinco derechos humanos
fundamentales, relacionados con la libre expresión del pensamiento, el derecho a
comunicar, el derecho a desarrollar medios para la comunicación, el derecho a recibir
información oportuna, veraz e imparcial, y el derecho a la réplica.

El marco jurídico sobre la libertad de expresión y la libertad de información, se
complementa, además con los artículos 13 y 14 de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos, con los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los cuales poseen rango constitucional según el artículo 23 de nuestra
carta fundamental aprobada en el año 1999.

El martes 19-05-2020 la empresa AT&T Inc., anunció el cierre de las operaciones de
DIRECTV Latin America en Venezuela, afectando de manera inmediata a más de 2
millones de suscriptores de ese servicio de televisión por cable, y más de 13 millones de
personas, que representan el 45 % del mercado en ese segmento comunicacional.

La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) presidida por el Lic. Tinedo
Guia, el día 20-05-2010, emitió un pronunciamiento de rechazo categórico, condenando
la suspensión del principal proveedor de televisión por cable del país, “lo que constituye
un fuerte golpe al derecho de los venezolanos, a la libre circulación de ideas, de
información y de contenidos de entretenimiento, a la pérdida de 630 puestos de trabajo
directo, con varias decenas de comunicadores sociales entre ellos, y de 2.500 puestos
de trabajo indirectos”.

El CNP denunció que CONATEL anteponga intereses políticos a su condición de órgano
técnico en la regulación y administración del espacio radioeléctrico en el país, “tal como
lo ha demostrado su actitud al acosar, perseguir y amenazar con cierres programas de
opinión e información, estaciones de radio y televisión, tanto nacionales como
internacionales, de la que hemos sido testigos desde el cierre de RCTV en 2007 hasta
hoy en día”.

Según la ONG Espacio Público, en el mes de abril del presente año, ocurrieron 43
casos que suman 110 violaciones a la libertad de expresión, repitiendo: la intimidación,
censura y las restricciones administrativas, en contra de periodistas, medios de
comunicación y trabajadores de la prensa, por parte cuerpos de seguridad, funcionario
e instituciones del Estado, acumulándose 442 violaciones al derecho, entre las que
destacan 25 detenciones a periodistas y ciudadanos, “número que evidencia la
radicalización de los ataques en contra de quién realiza la labor de buscar, recibir y
difundir información sobre todo en un contexto de pandemia”.

 

El miércoles 20-05-2020 tuvimos la oportunidad de escuchar un interesante dialogo
titulado “Libertad de expresión Voces en la pandemia”, con el moderador Michael
Camilleri, quien es director del programa de Estado Derecho Peter Bell, con el relator
especial para libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, con Rachel Kay, Directora
ejecutiva de IFEX, con Eleonora Ravinovich quien es gerente de políticas públicas de
Google, Frank La Rue director DDHH de Fundamedios, y el embajador de Canadá ante
la OEA, Hugh Adsett, quien hizo la introducción del debate.

El relator especial para libertad de expresión de la OEA, inició sus argumentos
invocando la naturaleza, límites de los estados de excepción, sobre la importancia del
rol del periodismo, el necesario escrutinio público de los ciudadanos, y el término
utilizado por la OMS denominado “infodemia” referido a difundir noticias falsas o
maliciosas sobre la pandemia, que genera angustia en las sociedades, censura, además
del grave aumento de casos de periodistas en Venezuela que han sido criminalizados, a
través de leyes de odio, en donde han sido encarcelados más de 20 ciudadanos,
defensores DDHH por informar, con un claro efecto inhibitorio.

Pudimos escuchar (en vivo) durante el debate citado, a Frank La Rue, director DDHH de
Fundamedios, repudiar de forma expresa, el caso de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales de Venezuela, como amenazas directas a la libertad de
expresión por parte del régimen en Venezuela, calificadas como “tendencia muy
peligrosa”, en donde la transparencia y la rendición de cuentas constituyen un desafío
para vencer el mayor acceso a la información.

Recordemos, que el 12-05-2020, la Academia (ACFIMAN) publicó un documento
titulado “Estado actual de la epidemia-de la Covid 19 en Venezuela y sus posibles
trayectorias bajo varios escenarios”, de 18 folios, planteando 3 inquietudes de
relevancia nacional, en donde literalmente señalaron: “Se estima un subregistro que en
el mejor de los casos podría ser del 63 % y en el peor, del 95 % de los casos
sintomáticos hasta el 23 de abril 2020. Esto proyectaría un total de casos acumulados
sintomáticos entre 289 y 883, y no los 135 reportados oficialmente para esa fecha. Es
fundamental considerar este subregistro para tomar decisiones acertadas para el
manejo de la epidemia”.

No podemos olvidar, que al día siguiente, 13 de mayo, el presidente de la fraudulenta
ANC, Primer Vicepresidente del PSUV, de forma tajante amenazó desde Venezolana de
Televisión, así: “Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del estado
llamen a esta gente (...) Están generando alarma, no tienen ni una sola prueba de que
el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes. Es una invitación a un ´tun-
tun´”, manifestó en su programa Con El Mazo Dando.

Desde VTV, con el mismo personaje y programa, contra la Cátedra de Derecho
Constitucional de la UCV, debemos hacer un ejercicio de memoria, que el 14-02-2019, emitió un pronunciamiento la emergencia humanitaria, recibiendo amenazas el día 19-
02-2019, que motivó a que se realizara posteriormente, denuncia formal ante la CIDH,
solicitando medidas cautelares.

Volviendo al debate vía internet promovido como “dialogo sobre libertad de expresión”,
el día 20-05-2020, resultó muy oportuno el enfoque de Eleonora Ravinovich, quien
como gerente de asuntos gubernamentales de Google, supo explicar cuáles eran los
retos de esa gigantesca empresa trasnacional, a través de 3 pilares o enfoque
multidisciplinario: información confiable, útil y la protección de sus aliados, frente a la
desinformación como fenómeno sistemático. Desde esta perspectiva Ravinovich indicó
que, trabajaban para facilitar el trabajo de los periodistas, de terceros, de ONG, y para
ello disponen de recursos de emergencias, a través de un fondo internacional de 6.5
millones de $, con responsabilidad y compromiso para todos los usuarios.

La portavoz de IFEX, Rachel Kay, que es una prestigiosa red global de organizaciones
que trabajan para la libertad de expresión, en más de 70 países, manifestó durante el
debate (en vivo) del “dialogo sobre voces de la pandemia”, su preocupación sobre la
campaña de estigmatización en Venezuela contra los periodistas, y la necesidad de
empoderar a los ciudadanos, junto a la sociedad civil.

Sumamente delicado, de alto riesgo, que diariamente en Venezuela, los trabajadores de
la prensa, reporteros, y periodistas, reciban amenazas por parte de organismos
policiales civiles, militares, mientras buscan y divulgan realidades sobre el calamitoso
estado de los servicios públicos básicos, en donde es inocultable las penurias, de
millones de venezolanos, ocasionadas por la falta: de agua, de luz, de gas, de efectivo,
de alimentos, de medicinas, sin gasolina, dolarización, desempleo, hambruna, crisis
humanitaria compleja, dentro de la mayor inflación del planeta, con las restricciones de
movilidad originadas por la pandemia, bajo estado de alarma.

El día 19-05-2020 la Junta Directiva Seccional del Colegio Nacional de Periodistas en
Portuguesa, rechazó la medida que tomó Conatel, al suspender el servicio del
proveedor de almacenamiento y dominio que utiliza el Diario Ultima Hora Digital.

Desde la Consultoría Jurídica del CNP, rechazamos la escalada represiva,
criminalización, cierre de medios, sin respeto al debido proceso, derecho a la defensa,
al aplicar vetustas normas del código penal, y leyes especiales, contra periodistas,
trabajadores de la prensa, ONG y defensores DDHH, deliberadamente desconociendo,
tratados internacionales y sentencias emitidas en las últimas 2 décadas por la CIDH, en
donde primero debe ponderarse el interés público, sobre asuntos de interés nacional,
de escrutinio sin cortapisas, para todas las comunidades, en beneficio de los
ciudadanos, sin censura, que exigen transparencia, rendición de cuentas, y la
responsabilidad de los funcionarios públicos.

 

Concluimos sin lugar a dudas, que los tenebrosos pasos que sigue desarrollando el
despotismo en Venezuela, con ataques certeros, planificados, se alejan aceleradamente,
desde hace varios años, de la noción de democracia, estado de derecho, separación de
poderes, instituciones, imperio de la Ley, valores republicanos, que están íntimamente
vinculados a la libertad de expresión.
¡Recuerden que #InformarNoEsDelito!
Twitter @andresraulpaezp

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