Atentados contra trabajadores de la prensa

Foto: Caraota Digital

 

Andrés Raúl Páez

Abogado y Consultor Jurídico CNP

 

En Venezuela quienes trabajen o colaboren bajo cualquier figura en medios de comunicación
independientes, como trabajadores de la prensa, conductores, camarógrafos, reporteros gráficos,
periodistas e infociudadanos, corren riesgos sin exageración de ser tratados como corresponsales de guerra, es decir: amedrentamiento, amenazas, persecución, secuestros, criminalización, hurto, golpizas, robos, desaparición, encarcelamiento sin debido proceso, y otras violaciones de derechos humanos, al cubrir noticias en la calle, que se encuentren vinculadas o relacionadas con: actos de la Asamblea Nacional, gremios, sindicatos, universidades, protestas, conflictos de orden social, económicos, culturales o política en general, con ocasión de realidades incontrovertidas que padecen millones de ciudadanos, cuyas penurias o circunstancias de hechos, modo y lugar, al régimen dictatorial no acepta o no le conviene que se divulguen de manera libre, oportuna y veraz.

Lo ocurrido recientemente en el aeropuerto internacional de Maiquetía, al conocerse la llegada del
Presidente de la Republica (E) Juan Guaidó, luego de su gira internacional, son hechos que se repiten, muy graves, complejos, de diferentes facetas, penalmente imputables, en donde sus autores no ocultaron sus rostros, con el agravante, que fueron cometidos a plena luz del día, sobre seguros, que afectaron directamente la vida e integridad personal de más de veinte personas, que cumplían con la noble labor de informar, que es un derecho amparado por la Carta Magna, por múltiples tratados internacionales vigentes en Venezuela, en donde sufrieron golpes, puños, patadas, llaves de sometimiento físico, arranque con violencia de cabellera, lesiones personales graves, lanzamiento de objetos contundentes, de forma salvaje, en gavilla, bajo total impunidad y amparo de cuerpos de vigilancia, que se encontraban presentes.

¿Cómo es posible qué en el interior de una zona de seguridad aeroportuaria, en el más importante de la República, hacia el acceso del estacionamiento del aeropuerto internacional, ninguno de los anillos de seguridad (3), en sus diferentes áreas, niveles, ninguno de los cientos de funcionarios militares y civiles destacados allí, deliberadamente cumplieran su principal función? Que es resguardar la vida, integridad y bienes de los usuarios y su seguridad dentro de sus instalaciones.

Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación que acudieron a cubrir la noticia, que resultaron agredidos, constataron que la GNB, previamente impidió el acceso de diplomáticos, de una nutrida comisión de la Asamblea Nacional, a las inmediaciones o acceso principal del aeropuerto, por lo que tuvieron que dejar vehículos los diputados, buscando llegar a pie, a la sede del IAAIM internacional.

Paradójicamente de forma simultánea a la llegada del Presidente de la Asamblea Nacional, se garantizó que las ordas criminales compuestas por activistas del PSUV, por paramilitares, con varias decenas de funcionarios públicos, diseñaran el plan de la cayapa o gavilla, para delinquir, en franca cobardía tumultuaria, en perjuicio de sus “enemigos”, que no son tales, porque los trabajadores de la prensa y periodistas cumplen con su sagrado deber de informar. Los periodistas son testigos de excepción, de hechos que poseen relevancia nacional, no objetivos políticos de aniquilación o exterminio como lo pretenden las tiranías o regímenes opresores.

Así como ocurrió con el asalto al parlamento venezolano, el planeta también pudo observar, a pesar que en el Estado Vargas había en ese momento un apagón, que periodistas, reporteros y trabajadores de la prensa, eran perseguidos por hordas tumultuosas, agresivas, muy violentas, intimidantes, a quienes se les permitió no solamente su ingreso, sino privilegiadamente su lugar de permanencia, frente a las autoridades de la GNB, para luego sorprender, atacar, golpear en cayapa, ocasionar lesiones personales, con ensañamiento, alevosía, robos, despojar de sus objetos de trabajo a los periodistas, quienes estaban debidamente identificados, e inclusive hasta quitarle a uno de ellos sus zapatos, exhibiendo posteriormente, en sus vestimentas franelas rojas y siglas del PSUV los maleantes, las prendas u objetos robados, para luego festejar el botín, con carteles con consignas homofóbicas, y publicar en redes con vehemencia el logro de sus fechorías.

La Constitución Nacional, tratados internacionales, el Código Penal, leyes especiales, además del Código Orgánico Procesal Penal, establecen mecanismos, responsabilidades y sanciones directas para aquellos funcionarios que permitan la comisión de hechos punibles, que en Venezuela responden a un patrón sistemático, no solamente contra comunidades o poblaciones desamparadas, por razones ideológicas, en donde en los últimos años, han sido confirmados por múltiples informes de la Secretaria General de la OEA, sentencias de la CIDH, por la Alta Comisionada de los derechos humanos de la ONU, que los periodistas, camarógrafos, reporteros, trabajadores de la prensa e infociudadanos son objetivos políticos, señalados, perseguidos, hostigados, para ser víctimas de hechos violentos por parte de paramilitares, entrenados, financiados y bajo las órdenes de quienes detentan el poder usurpado.

No olvidemos algunos hechos contra trabajadores de la prensa: en marzo del 2019 fue criminalizado, Luis Carlos Díaz. El 26-11-2019, la DGCIM, en la Urb Los Dos Caminos, fueron retenidos arbitrariamente trabajadores de Caraota Digital, Roger Castillo, Jonathan Bello, los trabajadores Dangert Zorrilla, Jhonatan Azuaje, de VPI, y permanece todavía injustamente detenida o secuestrada, la periodista Ana Belén Tovar de Entorno Inteligente. Luego, Telecaribe y Venepress, el día 18 de diciembre fueron allanados por el Sebin y cerradas sus oficinas. El periodista Víctor Ugas fue detenido el 20 de diciembre, por el FAES, en la Urb. El Paraíso. Al periodista y vicepresidente de Información del diario El Universal, Elides Rojas en diciembre lo criminalizaron, para prohibirle salida del país a través de otro proceso penal.

Según datos e investigación de la ONG Espacio Público, 40 periódicos cerraron y diez estados de
Venezuela ya no tienen medios impresos. Para el año 2019 se contabilizaron más de 1017 casos de violación a la libertad de expresión.

El Estado Venezolano fue condenado el 30 de agosto del 2019, por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el Caso Profesor Alvarez Ramos, luego de una atroz persecución política del régimen, por haber violado directamente el derecho a la información, a la libertad de circulación, el debido proceso, cuyo fallo guarda relación directa con los recientes atentados a los profesionales de los medios de comunicación, recientemente golpeados salvajemente, en Maiquetía: Maiker Yriarte, de TV Venezuela, Cesar Saavedra y Estefany Brito, de Cnve24, Nadezka Noriega, de El Pitazo, Leonaibeth Díaz, de VpiTv, Daniel Hernández, de El Estímulo, Rey Mozo e Ivan Reyes, de Efecto Cocuyo y César Díaz, camarógrafo de TV Venezuela, entre otros periodistas y trabajadores de la prensa.

Aunque la administración de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, GNB, IAAIM,
ministerios con competencia en áreas de seguridad ciudadana y transporte, otros organismos de
prevención de seguridad civiles y militares, del estado venezolano, hoy convertido en estado fallido, en sus altos niveles de dirección, no posean independencia, idoneidad e imparcialidad, las responsabilidades personales, por acción u omisión, ante la repetida comisión de hechos punibles, en perjuicio no solamente de los trabajadores de la prensa y periodistas, sino de la sociedad civil en general, significa que también serán juzgados si mantienen su complicidad y sospechosa paralización ante grupos criminales, por permitir descaradamente la impunidad y violación sistemática de derechos humanos fundamentales. La justicia tarda pero enmienda.

Estamos obligados todos los ciudadanos, las ONG, la Asamblea Nacional, gremios, activistas, dirigentes comunitarios, universidades, estudiantes, docentes, trabajadores de la prensa, periodistas, infociudadanos, profesionales del derecho, a seguir defendiendo la libertad de prensa, la libertad de información, que guarda relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras, amparado especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, por el Protocolo de San Salvador, especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la Ley del Ejercicio del Periodismo.

Acompañaremos al Colegio Nacional de Periodistas, a su Junta Directiva Nacional, al CNP Caracas, al aguerrido Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ONG, prensa libre, en las próximas denuncias en resguardo, solidaridad y protección de periodistas, reporteros gráficos, trabajadores de la prensa, porque ciertamente informar no es delito.

Twitter @andresraulpaezp

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